NO EN MI NOMBRE: YO EL REY.

Partamos del artículo 99 de la Constitución:

1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.

¿Y?

Claro que ante la indefinición constitucional en cuanto surge un problema surge la interpretación que suele decantarse hacia la más peligrosa, hacia quien mejor sabe manipular y amenazar. Porque parece ser que al Rey le van a limitar sus posibilidades que son más que las que aparentemente le otorga ese 99.

El riesgo existe y es patente si vemos las iniciales maniobras para conducir la voluntad Real.

Pero veamos el tema de manera más simple y sencilla basándonos en lo que el Rey planteó ante el golpe de Estado que se dio en 2017 y cuyos protagonistas son el aval del que pretende, sin haber ganado las elecciones, servirse el señor Pedro Sánchez Pérez-Castejón para postularse a presidente del Gobierno. Es el único documento en el que el Rey se expresó con meridiana claridad y debe servirnos de base para el análisis de la situación.

Leer la Constitución es un noble deporte intelectual que produce grandes beneficios; un encuentro con la vida misma, cruda realidad de lo que debería ser y no es, es decir, lo que es. Un proyecto inacabado, de imposible cumplimiento y por tanto un efecto ilusorio, como todo canto a los derechos individuales que luego cercena la ley que de la Ley se deriva. Una cosa es «usted, querido ciudadano» y otra muy diferente «ustedes, queridos ciudadanos». El plural siempre trae problemas. Dicen que como somos muchos pagan justos por pecadores lo que se traduce en que les va mejor a los pecadores del texto de la Ley.

La Constitución tiene como mejor virtud ser la vida misma: creer en ella sabiendo que forma parte de las mejores novelas que la vida te ofrece. No la ha escrito nadie, sino que surge espontánea ante las miserias y grandezas, ante la realidad y la ilusión. Al menos marca una dirección.

Sobre todo, enmarca responsabilidades.

Del texto que «define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política», que esa es la definición de Constitución, la clave está en la actuación de los que forman parte de esos poderes, de los que tiene el poder y, por tanto, deberían asumir los límites impuestos al mismo y las exigencias que ello implica.  En la definición de «Constitución» se enfrentan de manera casi escandalosa los términos poder y libertad. Los constituyentes son conscientes de su frecuente olvido: frente a los derechos y libertades hay que constatar los límites del poder. ¿Los hay? Al final solo son palabras que la habilidad política sabe sortear para incumplir. Se creó hábilmente la teoría de un órgano controlador, innecesario y manipulable, un Tribunal Constitucional por encima del Tribunal Supremo, máximo Tribunal de Justicia. Algo injustificable, visto lo visto.

El momento constitucional en España es muy delicado. No soy un experto, pero la Constitución no creo que deba ser redactada y aprobada para los expertos, sino más bien debería ser un texto sencillo al alcance de todos y de obligado cumplimiento sin sorteos, regates o amañadas interpretaciones. Esa es otra de sus quimeras.

Pero «Por España me atrevo», como dice el lema de Operaciones Especiales, a dar mi opinión.

El artículo 117.1. de nuestra Constitución dice textualmente:

«La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley».

«Emana del pueblo y se administra en nombre del Rey…».

Lo cual me lleva a pensar que el nombre del Rey no es el de Felipe, sino que su significado se eleva por encima de nombres e intereses y, por tanto, que «en Su nombre» todo se ajusta a la Ley. Cuando se juzga se hace de acuerdo con la Ley: «en nombre del Rey».

Por eso Sus palabras ante el golpe de Estado dado por las autoridades catalanas en 2017 cobran especial actualidad ante los hechos que ahora se nos anuncian para formar el nuevo Gobierno de la nación.

Con mi humilde entender llego y deduzco que cuando el año 2017 hablaba el Rey ante aquella situación de tanta gravedad Su palabra estaba sustentada en el mencionado artículo 117.1., es decir que asumía el poder y el límite que la Constitución le otorga. ¿O estoy gravemente equivocado… o los que le aconsejan erraron?

Del discurso del Rey recordar unas palabras: «Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la Ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno», pero lean ustedes el discurso entero para entenderlo mejor. Esas autoridades a las que el Rey se refería son las mismas, condenados unos y huidos de la justicia otros, con las que ahora pretende pactar el señor Pedro Sánchez Pérez-Castejón para ser investido presidente del Gobierno del Reino de España. La duda es evidente y nos la hacemos millones de españoles. Hablamos de delincuentes y no de presuntos.

¿Es posible que las palabras del Rey el 3 de octubre de 2017 fueran forzadas por una situación política determinada y dictadas por el Gobierno y que con un nuevo Gobierno tras la moción de censura y cambio de ley la cosa haya cambiado y ya sea posible un pacto de Estado con los delincuentes? ¿Siguen siendo válidas las palabras del Rey o ya no son de Rey ni Ley?

Puede que sea necesario construir otro discurso y destruir aquel que tanta esperanza nos dio.

Ello significaría que se ha modificado la Ley sin que nos enteremos o que la Ley es algo interpretable en función de quien gobierne… Lo que nos llevaría a dudar de la palabra y del nombre.

En definitiva y dejémonos de paños calientes:

Lean detenidamente las palabras del Rey pronunciadas en 2017 a raíz del golpe de Estado en Cataluña y luego pronúnciense sobre si les parece legal y acorde con aquel discurso que se pueda proponer al Congreso de los Diputados para ser presidente del Gobierno del Reino de España a alguien avalado por los votos de los mismos a los que el Rey se refería en sus palabras el año 2017.  Suena a una incongruencia; también legal.

Difícil coyuntura.

Parece ser que los límites del Poder son ninguno a pesar del texto constitucional.

«La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley».

¿Habrá un juez, magistrado integrante del poder judicial, independiente, inamovible, responsable y sometido únicamente al imperio de la ley que me lo explique?

No dudo de nuestra Constitución, de nuestras autoridades, de su poder ni de las instituciones del Estado, lo único que quisiera saber es qué tiene que hacer el Rey en un caso tan complejo como el que tenemos por delante. Seguramente el Rey, con prudencia, propondrá a Alberto Núñez Feijóo y si no logra la investidura le seguirá Pedro Sánchez Pérez-Castejón y que Dios reparta suerte, pero algunos iletrados, entre los que me cuento, nos quedaremos con la duda de la aplicación de la Ley en España. Si está bien aplicada me surgen aún más dudas, entre ellas incluso sobre el valor de algunas instituciones. Me quedaré con la duda y no sabré de qué hablaba el Rey el día 3 de octubre de 2017.

Ni sabré en qué se basa mi juramento a la bandera ni que fue de mi servicio a España, a la defensa de todo aquello que ya casi nadie recuerda.

Desde luego si es todo conforme a Ley al menos espero tener la libertad de poder decir: No en mi nombre. Claro que de nada vale, ¿pero puedo decirlo?

En concreto: ¿Lo que dijo el Rey el 3 de octubre de 2017 lo diría hoy al formarse un Gobierno con aquellas autoridades que fueron condenadas o están fugadas de la justicia y que prometen (exigen) volver a repetir los hechos como condición para apoyar la investidura? ¿Y si se repite la historia de 2017 con una cobertura política y algún amaño que le dé tintes de legalidad? ¿Serían válidas las palabras del Rey?

Otro gran pesar se cierne sobre la inocencia que sería cuestión de otro artículo ¿o del mismo?: Aún recuerdo los años de plomo y no se comprende que entre los avales necesarios para sumar la mayoría necesaria estén los de aquellos que heredaron «las intelectuales armas de plomo» y ahora se encumbran en el Gobierno.

Sí. Existe, y sería deseable pensárselo, la posibilidad (potestad, potestas) de que el Rey no admita designar para formar Gobierno a quien se apoya en los que tienen declarado acabar con la Constitución española que se fundamenta en lo que ellos quieren derribar: la indisoluble unidad de la Nación española (Artículo 2).

Si no es así: que no sea en mi nombre.